En este estudio se analizan los resultados del sobrevuelo realizado el 7 de junio de 2010 sobre las áreas que abarcará el trazo de la supervía poniente, las implicaciones e irregularidades, y las afectaciones que puede ocacionar en relación con los cauces, barrancas y áreas naturales protegidas, en contraste con la información contenida en la MIA-E del proyecto.

Hace referencia a las acciones de mitigación y adaptación que el país ha realizado en los últimos años de manera sistemática y con recursos propios. En el ámbito internacional, México ha manifestado su voluntad de llegar a un acuerdo jurídicamente obligatorio para todas las Partes que nos permita alcanzar la meta de no rebasar los 2°C de temperatura global.

El gobierno de México considera que la adaptación al cambio climático es una prioridad para reducir la vulnerabilidad del país. Asimismo, existen oportunidades para impulsar medidas y acciones de mitigación que redunden en un incremento de la capacidad adaptativa de su población y de sus sistemas naturales y productivos. Lo anterior se refleja en la Ley General de Cambio Climático, en la Estrategia Nacional de Cambio Climático y en el Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018. Estos instrumentos describen acciones específicas de planeación y esquemas de protección, conservación y restauración de ecosistemas marinos y terrestres y de su biodiversidad; de manejo integral de riesgo y de vulnerabilidad sectorial.

El informe se compone de 9 capítulos, correspondientes a los ejes temáticos que se listan a continuación: Suelo de Conservación, habitabilidad, espacio público, agua, movilidad, aire, residuos sólidos, cambio climático y energía. Nuestra labor se ha caracterizado por el involucramiento de todos los sectores relacionados con la gestión ambiental, con equidad, transparencia, innovación, una estrecha coordinación interinstitucional, cooperación internacional y una amplia participación ciudadana, lo que nos afianza como la primera ciudad de la república en la toma de decisiones eficaces, innovadoras y comprometidas para contribuir al cuidado del medio ambiente y nos coloca al frente de las acciones mundiales sobre cambio climático, compartiendo objetivos con otras grandes urbes del planeta en estos temas.

Los residuos peligrosos, dotados de propiedades corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables y biológico-infecciosas (características CRETIB), han estado sujetos a regulación ambiental en México desde 1988, año en el que se publicaron disposiciones al respecto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), su Reglamento en Materia de Residuos Peligrosos y siete Normas Técnicas Ecológicas en la materia (hoy Normas Oficiales Mexicanas o NOMs).